La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis presuntos integrantes de la banda autodenominada ‘Satanás’, quienes, durante los últimos años, habrían sometido a conductores de transporte informal de la localidad de Bosa, en Bogotá, a extorsiones y al pago de 13 millones de pesos mensuales para evitar represalias.
Los hechos.
Según la investigación, la banda ‘Satanás’ exigía a los propietarios de vehículos de transporte informal el pago de 13 millones de pesos mensuales. La suma debía ser entregada en dos cuotas quincenales de 6.500.000 pesos. Además, presionaban a las víctimas mediante amenazas de atentar contra sus vidas o causar daños a sus vehículos.
De acuerdo con las pruebas recopiladas, estas intimidaciones habrían escalado hasta terminar en el asesinato de un conductor y su hijo menor de edad, el 24 de septiembre de 2023. Asimismo, la compañera sentimental de la víctima resultó lesionada. Estos hechos habrían sido cometidos como retaliación por el incumplimiento de los pagos ilícitos.
Gracias a las labores investigativas y policiales, se estableció que la banda ‘Satanás’ habría recibido hasta 270 millones de pesos mediante los pagos periódicos exigidos a través de extorsiones, entre septiembre de 2023 y junio de 2026.
Operativo.
n una acción conjunta con unidades del Gaula de la Policía Nacional, se logró la captura de seis presuntos integrantes de la organización: Nesly María Iriarte Martínez, Liliana Paola Soto Fonseca, Mayfred Joselin Romero Loaiza, Manuel Alberto Ordóñez Chima, Juan David Oyola Galvis y Bill Kleiber Paz Chávez.
Los procedimientos se realizaron en diferentes puntos del país, mediante operativos en Cartagena (Bolívar), Barranquilla y Soledad (Atlántico), Medellín (Antioquia), Soacha (Cundinamarca) y Bogotá.
Judicialización.
Un fiscal del Gaula, adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, les imputó los delitos de concierto para delinquir y extorsión, ambas conductas agravadas. Sin embargo, ninguno de los detenidos aceptó los cargos.
Estas capturas son resultado de un modelo estratégico de investigación implementado por la fiscalía, orientado en identificar y afectar las estructuras criminales, investigando profundamente los involucrados, los roles y su funcionamiento, y con esto avanzar en la captura y desarticular de los grupos ilegales.
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