El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella anunció el cierre de tres procesos de diálogo de paz que habían sido abiertos durante la política de “Paz Total” del Gobierno de Gustavo Petro, una política que buscaba acuerdos simultáneos con distintos grupos armados para reducir la violencia y avanzar hacia su desmovilización, sometimiento o reincorporación.
La decisión, oficializada el 30 de agosto, afecta las conversaciones con el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
Según el Gobierno, estas organizaciones “no demostraron una voluntad real y verificable de abandonar las actividades ilegales y avanzar hacia la paz”, por lo que se revocaron los reconocimientos que permitían a sus representantes participar en las negociaciones y se dio por terminada su participación en estos procesos. En palabras del Presidente De La Espriella:
“He decidido poner fin a tres procesos de falsa paz, de falso diálogo.»
Una de las primeras consecuencias de la decisión se produjo esta semana. La Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura contra 46 integrantes de las tres estructuras. De ellos, 27 pertenecen al EMBF, 13 a la CNEB y seis a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Entre los afectados se encuentra alias “Calarcá”, señalado como uno de los principales líderes del EMBF.
Implicaciones de la decisión
El cierre de las mesas representa un cambio de estrategia frente a los grupos armados, ya que en lugar de continuar negociaciones con organizaciones que el Ejecutivo considera que no están cumpliendo las condiciones para una salida negociada. De acuerdo al Gobierno De La Espriella se está apostando por fortalecer las acciones de seguridad y judicialización.
Entre los posibles aspectos positivos de la medida está evitar que los procesos de diálogo se prolonguen sin resultados concretos y enviar un mensaje de mayor presión a las organizaciones armadas para que abandonen sus actividades ilegales. Además, la reactivación de las órdenes de captura permite que las autoridades vuelvan a actuar judicialmente contra personas que estaban cobijadas por la suspensión de estas medidas mientras participaban en las conversaciones.
Sin embargo, el cierre de los diálogos también puede generar riesgos para la seguridad y la búsqueda de una solución negociada al conflicto. Se reducen los espacios institucionales para negociar ceses de hostilidades, liberaciones o posibles procesos de sometimiento al desaparecer los canales de comunicación con estos grupos.
Expertos han advertido que una estrategia centrada únicamente en la seguridad puede quedarse corta si no está acompañada de presencia estatal, inversión social y control territorial en las regiones donde operan estos grupos. Por lo que también existe incertidumbre para las personas que habían avanzado en procesos relacionados con estas negociaciones, así como para las comunidades de los territorios donde se desarrollaban los diálogos. El cambio de estrategia podría significar una ruptura de procesos que, aunque cuestionados por sus resultados, funcionaban como canales de interlocución entre el Estado y las organizaciones armadas.
Siendo así, el Gobierno de De la Espriella marca una ruptura con una parte de la estrategia de “Paz Total” y apuesta por una política de mayor presión contra los grupos armados. El principal desafío será determinar si el cierre de las negociaciones logra una reducción de la violencia.
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