El presidente Abelardo de la Espriella levantó la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia mediante el Decreto 1368 de 2026, firmado el día de ayer 8 de septiembre. La medida permite que las personas que ya cuentan con un permiso vigente puedan volver a llevar sus armas fuera de sus viviendas, siempre que cumplan los requisitos y controles establecidos por las autoridades.
Esta decisión modifica una restricción que se había mantenido desde 2015, cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos suspendió de manera general el porte de armas. Los gobiernos posteriores mantuvieron esta medida, aunque con algunas excepciones y autorizaciones especiales. Con el nuevo decreto, el Gobierno busca restablecer el sistema de permisos para quienes ya estaban autorizados legalmente.
De acuerdo con el Gobierno, la medida no significa que cualquier ciudadano pueda comprar o portar un arma libremente, ya que los permisos, requisitos y controles continúan vigentes. Las personas que tengan permisos vencidos, suspendidos, cancelados o revocados no podrán beneficiarse de la decisión, y, así mismo, se mantienen las condiciones relacionadas con la idoneidad física y mental y la verificación de antecedentes.
El presidente ha defendido la decisión como una herramienta de “defensa personal frente a la delincuencia”. Su argumento es que los ciudadanos que cumplen la ley no deberían quedar en desventaja frente a los delincuentes que portan armas ilegalmente. Además, De la Espriella sostiene que la medida no elimina los controles existentes, al no ser un porte indiscriminado, sino de permitir nuevamente el porte a quienes ya cumplen las condiciones establecidas por la legislación.
La principal preocupación de los sectores que rechazan la decisión es que una mayor presencia de armas en las calles pueda aumentar los riesgos de violencia. El senador Ariel Ávila, por ejemplo, cuestionó la medida y advirtió que las armas legales pueden terminar posteriormente en manos de organizaciones criminales mediante robos, pérdidas o desvíos.
Otro punto de debate es la capacidad del Estado para garantizar que las armas que circulan legalmente mantengan su trazabilidad y no terminen en el mercado ilegal. Para los críticos, el problema no se soluciona simplemente permitiendo que más ciudadanos estén armados, sino fortaleciendo la seguridad pública y el control sobre las armas ilegales.
Siendo así, el principal debate es determinar si el regreso del porte legal contribuye a reducir la sensación de inseguridad y mejorar la capacidad de defensa o si, por el contrario, aumenta la exposición de la población a situaciones de violencia. La respuesta dependerá, entre otros factores, de la capacidad de las autoridades para mantener los controles sobre las armas y garantizar que los permisos sean utilizados de acuerdo con la ley.
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