Injusta sanción de la CAR a Carlos Toro, empresario de Invercot, desata denuncias de persecución política en Soacha
A pesar de contar con título minero y un amplio reconocimiento social por su labor comunitaria, el empresario Carlos Toro, propietario de Invercot, fue sancionado con cerca de 7.000 millones de pesos por la CAR, en lo que sería la multa ambiental más alta impuesta por una Corporación Autónoma Regional en Colombia. Líderes comunales denuncian trato desigual y posible persecución política.
La sanción más alta impuesta por una CAR en Colombia
En un hecho que ha generado controversia e indignación ciudadana, la Corporación Autónoma Regional (CAR) impuso una sanción cercana a los 7.000 millones de pesos al empresario Carlos Toro, propietario de la empresa Invercot, por presuntos daños ambientales ocasionados entre los años 2013 y 2015.
Según la autoridad ambiental, la multa corresponde a afectaciones derivadas de la actividad minera. Sin embargo, Toro sostiene que contaba con título minero y permisos vigentes, razón por la cual considera la sanción desproporcionada, injustificada y carente de sustento técnico.
Denuncian persecución política y trato desigual
Diversos líderes comunales y habitantes de la Comuna 4 de Soacha han denunciado lo que consideran un trato selectivo por parte de la CAR, señalando que mientras Invercot es sancionada con una multa histórica, otras canteras y lavaderos de arena operan sin ningún tipo de permiso, sin recibir sanción alguna.
Uno de los casos más críticos mencionados por la comunidad es el de una cantera que estaría contaminando la Laguna de Terreros, sin que hasta el momento se conozcan acciones contundentes por parte de la autoridad ambiental.
Amplio respaldo comunitario a Carlos Toro
Carlos Toro es reconocido en Soacha por su compromiso social y comunitario. Líderes barriales destacan que, durante años, el empresario apoyó a las comunidades más vulnerables mediante:
- Donación de mercados a familias necesitadas
- Apoyo logístico en emergencias médicas, incluso usando vehículos como ambulancia
- Donaciones en épocas festivas
- Entrega de materiales de construcción (recebo y piedra) para obras comunitarias
- Donación de terrenos para proyectos de vivienda de interés social
Para muchos habitantes, la ausencia de Invercot ha significado un retroceso social y comunitario en la zona.
Llamado a la equidad y a una revisión justa
La sanción ha provocado un fuerte rechazo ciudadano. La comunidad exige a la CAR y a los entes de control una revisión objetiva, técnica y transparente del caso, así como una actuación equitativa frente a todas las explotaciones mineras de la región.
“No pedimos privilegios, pedimos justicia y el mismo trato para todos”, expresaron líderes comunales durante reuniones barriales.
⚖️ Conclusión
El caso de Carlos Toro y la empresa Invercot abre un debate urgente sobre la equidad en la aplicación de la normativa ambiental, el posible uso selectivo del poder sancionatorio y la necesidad de un control real y sin sesgos políticos sobre la minería en Soacha.
Mientras la comunidad espera respuestas claras, crece la preocupación por la falta de acciones frente a operaciones que, sin permisos, continúan generando daños ambientales en el municipio.
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